Greenpeace actúa con deshonestidad: miente para atacar a una empresa en Brasil y atraer donaciones

Joaquim de Carvalho 

Los activistas argentinos que invadieron de forma cinematográfica la sede de la empresa brasileña JBS en São Paulo fueron liberados por la Policía Federal, a pesar de la gravedad del caso. Sí, es grave porque detrás de esa acción parece haber intereses geopolíticos, como ya ocurrió en el pasado con la operación Greenfield, considerada “hermana” de la Lava Jato.

Esta vez, la bandera contra la empresa brasileña la enarbola Greenpeace, una ONG con presencia global y una recaudación millonaria, capaz de financiar acciones espectaculares como la realizada el martes en la capital paulista.

La acción ocurre justo cuando JBS gana protagonismo internacional, tras la autorización de las autoridades estadounidenses para que sus acciones se negocien en la Bolsa de Nueva York, además de cotizar ya en la bolsa brasileña B3. Esta semana se posicionó entre las empresas de mayor valor de Brasil, junto a Petrobras y Vale.

Hace unos años, JBS compró Swift, una empresa emblemática del capitalismo estadounidense. Poco tiempo después, fiscales brasileños iniciaron investigaciones contra la compañía, celebradas por otra ONG extranjera: Transparencia Internacional.

Greenpeace no tiene condenas por corrupción en el sentido tradicional, pero es conocido por recaudar grandes sumas de dinero de personas físicas mediante campañas que generan repercusión, aunque no siempre estén basadas en hechos verificables.

Fundada en 1971 en Canadá, tras una protesta contra pruebas nucleares de EE.UU., Greenpeace se hizo famosa en 1975 con imágenes de activistas intentando impedir la caza de ballenas en alta mar.

Lo que parece importar es la visibilidad pública —porque esta genera más donaciones. Greenpeace recauda actualmente cerca de R$ 1.000 millones al año a nivel global y ofrece buenos salarios a sus directivos.

El martes, sus militantes realizaron una acción cinematográfica: usaron escaleras y cuerdas para acceder al techo de un almacén de JBS y colgar pancartas, lo que evidencia entrenamiento.

La causa que defienden carece de solidez. Acusan a JBS de corresponsabilidad en la deforestación, pero en un documento la propia ONG reconoce que no puede probar que la empresa haya adquirido ganado de zonas deforestadas.

“No es posible afirmar que los bueyes que salieron de la hacienda Tiborna (Pará) fueron los mismos que fueron sacrificados por JBS. Sin embargo, sin control total de la cadena de suministro, hay una gran posibilidad de contaminación por deforestación”, indica el informe.

JBS trabaja con el Ministerio de Agricultura para establecer un sistema completo de trazabilidad. El interés es del propio grupo, ya que exporta carne a Europa, que ha amenazado con interrumpir las importaciones si Brasil no garantiza el control.

La estrategia de Greenpeace para llamar la atención —y así aumentar sus ingresos por donaciones— fue denunciada por Patrick Moore, cofundador de la ONG, quien rompió con la organización en 2006.

“Usaban la organización para un ‘ambientalismo pop’, basado en el sensacionalismo, la desinformación y el miedo, apelando a lo emocional y no al razonamiento”, dijo.

¿Por qué?

“El movimiento ambientalista se convirtió más en un movimiento político que ambiental”, explicó Moore.

“Se centran en crear narrativas para infundir miedo y culpa en el público, para que la gente les envíe dinero”, añadió.

En marzo, Greenpeace fue condenado por la Justicia estadounidense a pagar más de 660 millones de dólares por un acto contra la empresa Energy Transfer, que intentaba bloquear la construcción de un gasoducto en Dakota del Norte. El jurado consideró que la ONG abusó de la libertad de expresión con mentiras y acciones violentas. Greenpeace apeló y anunció que podría abandonar EE.UU. si pierde el recurso.

En el caso de la invasión a la sede de JBS, se cometió un delito —se violó la propiedad privada y se puso en riesgo a trabajadores. Si un guardia de seguridad hubiera disparado, la acción podría haber sido considerada legítima defensa.

Los activistas escalaron una reja alta y corrieron gritando hacia una sala donde se celebraba una asamblea de accionistas. La seguridad intentó detenerlos con fuerza física, pero pudo haber terminado en tragedia.

Al liberar a los invasores, la Policía Federal perdió la oportunidad de profundizar en la investigación. Pero aún hay tiempo. Es necesario saber cómo se organizó la acción y si hay intereses ocultos detrás.

La exsenadora y exministra de Agricultura Kátia Abreu comentó en redes sociales:

“El Greenpeace estaba necesitando protagonismo. Están en extinción y envueltos en escándalos. JBS es una empresa brasileña y la mayor del mundo en proteína animal. Eso molesta a los gringos”.

Tiene sentido.

Hasta ahora, la Policía Federal se niega a decir si siquiera abrió una investigación. Es deber del Estado, y su omisión podría caracterizar prevaricación.